Revisión de Ley de Residuos y Suelos Contaminados para cumplir con los nuevos objetivos establecidos

La nueva Ley de Residuos y Suelos Contaminados está casi a punto.

El nuevo texto que está ahora en trámite parlamentario, constituye una de las piezas legislativas clave para dar impulso a la economía circular y baja en carbono en España.

El nuevo Proyecto de Ley hace una revisión de la normativa de residuos y suelos contaminados aún vigente, de cara a poder cumplir con los objetivos establecidos en las directivas comunitarias y seguir la línea estratégica española de economía circular (España Circular 2030).

Este Proyecto de Ley, además, ha sido incluido como una de las reformas estructurales del Plan para la Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR).

Entre los aspectos a destacar en este nuevo Proyecto de Ley, cabe mencionar el establecimiento de un calendario de implantación de nuevas recogidas separadas de residuos para su valorización, además de las del papel, los metales, plásticos y vidrio que ya existen.

También se le da un papel protagonista a las medidas de prevención en la política de residuos, incluyendo objetivos concretos y cuantificables. Estos vienen a ser: reducción del peso de residuos producidos de un 13% en 2025 y de un 15% en 2030, respecto a los generados en 2010.

Como medidas destacadas para poder alcanzar estos objetivos en materia de prevención, la nueva norma establece las siguientes:

  • Fomento de productos eficientes, duraderos y reparables.
  • Fomento de la reutilización de los productos y componentes de producto.
  • Reducción de la generación de residuos en la producción industrial, extracción de minerales y en la construcción.
  • Reducción de la generación de los residuos alimentarios, con medidas específicas para las industrias alimentarias, las empresas de distribución y de restauración colectiva.
  • Reducción del contenido de sustancias peligrosas.
  • Freno a la generación de basura dispersa en el medio marino.
  • Apoyo a las campañas informativas de sensibilización sobre la prevención de residuos.
  • Reducción de envases, fomento del uso de fuentes de agua potable y de envases reutilizables.
  • Promoción de modelos de producción y consumo sostenibles y circulares.

 

Así, la finalidad de esta Ley es la prevención y reducción de la generación de residuos y de los impactos adversos derivados de su generación y gestión, la reducción del impacto global del uso de los recursos y la mejora de la eficiencia de dichos usos. 

El objeto de esto es proteger el medioambiente y la salud humana, así como, efectuar la transición hacia una economía circular y baja en carbono, con modelos empresariales, productos y materiales que sean innovadores y sostenibles para garantizar el funcionamiento eficiente del mercado interior y la competitividad de España a largo plazo.

Esto estaría en línea con los Objetivos de Desarrollo Sostenible, incluidos en la Agenda 2030. En concreto los objetivos 12 (producción y consumo sostenibles) y 13 (acción por el clima).

También resulta coherente con la planificación en materia de energía y clima, en cuanto a la lucha contra el cambio climático, y se contribuye a la creación y consolidación de empleo en el sector de la gestión de residuos.

 

La economía circular como principal precursor de la gestión de residuos 

El nuevo Proyecto de Ley pretende sentar los principios de la economía circular a través de la legislación básica en materia de residuos y, de esta forma, contribuir a la lucha contra el cambio climático y la protección del medioambiente.

Como novedad en este sentido, se hace uso de medidas fiscales, de carácter estatal, en el ámbito de los residuos para incentivar esta economía circular. 

Entre estas medidas está la incorporación de un impuesto sobre los envases de plástico no reutilizables y un impuesto a la incineración, coincineración y al depósito de residuos en vertedero. Este último como un refuerzo al principio de jerarquía de residuos (reducción, reutilización, reciclaje, compostaje, valorización energética, vertedero).

Otra medida fiscal es la obligación para las entidades locales, en el plazo de 3 años, de desarrollar una tasa o prestación patrimonial de carácter pública no tributaria, específica, diferenciada y no deficitaria asociada a los servicios de gestión de residuos que prestan.

La nueva norma revisa, también, la regulación marco referente a la responsabilidad ampliada del productor del residuo en coherencia con la normativa comunitaria.

Así, se explicitan las obligaciones que pueden ser impuestas mediante Real Decreto a los productores. Entre estas, están el sistema de depósito, devolución y retorno, y se definen las partidas de gestión de residuos que deben financiar los productores y los mecanismos de control para los sistemas individuales y colectivos que se creen.

Para impulso de la economía circular, esta nueva norma plantea la revisión de los procedimientos de subproducto y fin de condición de residuo, habilitando la posibilidad de desarrollo a nivel autonómico.

 

Novedades en la gestión de residuos urbanos

En el ámbito de la gestión de residuos urbanos también se han incorporado avances.

En este sentido se ha establecido el objetivo de lograr el 50% de recogida separada de residuos municipales para el 2035. Y para considerar la recogida separada de la fracción de biorresiduos, esta deberá contener como máximo un porcentaje de impropios del 20% en 2022 y del 15% en 2027.

Con esto se pretende avanzar hacia un modelo más eficiente en la recogida selectiva de residuos, como el puerta a puerta o la recogida en contenedores cerrados o inteligentes.

 

Para hacer frente a las reformas necesarias para el despliegue de la economía circular en España, tal como se plantea en la Estrategia Española de Economía Circular y en esta nueva normativa de residuos y suelos contaminados, es necesaria una inversión económica.

En este sentido, la Conferencia Sectorial de Medio Ambiente abordó las bases para el reparto de subvenciones destinadas a financiar inversiones en materia de gestión de residuos.

Para el reparto de estas ayudas se tendrán en cuenta criterios como la generación de residuos municipales, la distancia de cada Comunidad Autónoma respecto al objetivo de preparación para la reutilización y el reciclado para 2025 y su densidad de población.

Asimismo, los proyectos susceptibles de beneficiarse de estas ayudas deben estar enmarcados dentro de alguna de las cuatro líneas de actuación necesarias para cumplir con los retos comunitarios en materia de residuos municipales y envases.

 

Subvenciones y ayudas para la gestión de residuos

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