La crisis sanitaria debida a la COVID-19 ha provocado un gran cambio en la sociedad y en el ecosistema, transformando y acelerando las tendencias de desarrollo social y económico.
La economía ya no volverá a ser lo que fue y las empresas deberán ser capaces de adaptarse al cambio.
Ante esto, la reacción de Europa ha sido proponer nuevas ayudas que vayan destinadas a los proyectos que mejor se adapten a la nueva hoja de ruta.
Esta nueva ayuda, acordada en la Unión Europea (UE), para reconstruir Europa es el Fondo de Recuperación Europeo, que persigue la transformación del tejido productivo hacia la digitalización y la transición ecológica.
Estos Fondos de recuperación no van, por tanto, dirigidos a los sectores más dañados, sino a vectores de transformación, como son las renovables. Y esto, para España, supone una auténtica oportunidad para mantener la competitividad en sectores clave de la economía española.
España prevé llevar a cabo la transición hacia una economía y sociedad más sostenible a través de la electrificación de la economía. Y para ello, destinará un 37% de los fondos europeos a la transición ecológica.
Las energías renovables serán determinantes en este proceso de transición, motivo por el cual, el Gobierno, pretende adelantar a 2023 los objetivos intermedios que se establecieron en el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC) para 2025.
En el PNIEC se prevé duplicar la capacidad instalada en energía renovable en 2030 mediante la inversión privada. Ahora, a través de los fondos europeos, el Gobierno pretende acelerar esta transformación del sistema energético para alcanzar un 100% renovable en 2050.
Así, el Fondo de Recuperación Europeo supone una oportunidad para las empresas españolas que deberán proponer proyectos innovadores que vayan en línea con estos objetivos.
El Fondo de Recuperación Europeo supone una oportunidad para las empresas
La ayuda destinada a la recuperación de la economía europea, dentro del Fondo de Recuperación Europeo, asciende a un total de 750.000 millones de euros, a través del instrumento Next Generation EU.
Para poder acceder a esta ayuda, los Estados miembros presentaron, en 2021, sus planes nacionales de recuperación y resiliencia, donde exponen sus programas de reformas e inversiones.
Tras la evaluación por parte de la Comisión de los planes presentados y la notificación oficial de las Decisiones del Consejo de su aprobación, los Estados miembros ya pueden firmar acuerdos bilaterales de subvención y de préstamo con la Comisión que les permitan recibir una prefinanciación de hasta el 13 % del importe total asignado para impulsar la recuperación.
En estos acuerdos también se establecerán las condiciones y el calendario para desembolsos futuros una vez se hayan alcanzado los hitos y objetivos.
En el caso de España, el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia fue aprobado por el Consejo de UE en julio de 2021, junto a otros once países de la UE (Alemania, Bélgica, Dinamarca, Eslovaquia, Francia, Grecia, Italia, Letonia, Luxemburgo y Portugal).
Gracias a ello, España tiene previsto recibir un aporte total de unos 140.000 millones de euros del Fondo de Recuperación Europeo, la mitad de los cuales son en subvenciones directas y la otra mitad en préstamos. Estos últimos aún no han sido solicitados por el Gobierno.
El plan de inversiones y reformas presentado por el Gobierno español y que ha analizado la Comisión Europea cumple con los requisitos de contribuir a la transición ecológica y digital, reforzar el potencial del crecimiento, la creación de empleo y la resiliencia económica, institucional y social del país.
España prevé dedicar un 40% de los fondos a proyectos que apoyan la lucha contra el cambio climático, así como un 28% se utilizará en proyectos enmarcados en la transformación digital.
De esta ayuda, el país ya ha recibido 9 MM de euros en concepto de prefinanciación para acelerar el despliegue de los fondos europeos y un segundo desembolso a finales de año, por valor de 10.000 millones de euros.
Los siguientes desembolsos se podrán solicitar cada seis meses, momento en el que la Comisión Europea evaluará el avance de los hitos y objetivos comprometidos en el plan de reformas e inversiones y, si procede, recomendará la autorización.
El objetivo de estas ayudas procedentes del Fondo de Recuperación europeo es que lleguen tanto a grandes como pequeñas empresas. Y para que esto sea así, las entidades financieras tienen un importante papel de conexión con los organismos distribuidores de ayudas públicas que canalizan los nuevos fondos.
Estas entidades financieras harán, además, de asesores de las empresas, en cuanto a financiación flexible, plazos, soluciones y garantías que no serán iguales para todos los sectores y tamaños de empresa.
Una vez salgan las convocatorias, para poder acceder a la ayuda, las empresas deberán plantear proyectos de transformación sostenible y digital.
En este sentido, empresarios, directivos y expertos de universidades y centros de investigación económica españoles consideran crucial la colaboración entre la Administración y las empresas para que España sea capaz de sacar el máximo provecho de estas ayudas.
El PNIEC persigue la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero
La versión final del Plan Nacional Integrado de Energía y Clima 2021-2030 (PNIEC), aprobado por el Consejo de Ministros el pasado 16 de marzo de 2021, constituye la hoja de ruta de la Transición Energética y del desarrollo renovable de la próxima década.
Este plan identifica los retos y oportunidades a lo largo de las cinco dimensiones de la Unión de la Energía: la descarbonización, incluidas las energías renovables, la eficiencia energética, la seguridad energética, el mercado interior de la energía, y la investigación, innovación y competitividad.
Los objetivos que recoge este plan y que han recibido el visto bueno por parte de la UE vienen a ser:
- Asentar las bases necesarias para alcanzar la modernización de la economía del país, el posicionamiento de liderazgo de España en las energías renovables, el desarrollo del medio rural, la mejora de la salud del medio ambiente y de las personas físicas, y la justicia social.
- Crear entre 250.000 y 364.000 empleos netos anuales a lo largo de la década (2021-2030).
- Alcanzar un 74% de energías renovables frente al uso de energía final del país para el año 2030.
- Lograr más independencia energética, reduciendo el porcentaje 15 puntos hasta alcanzar el 59% de dependencia en 2030.
Una hoja de ruta con la que alcanzar la neutralidad energética para el año 2050, reduciendo al menos un 90% las emisiones de GEI y consiguiendo transformar el sistema eléctrico en 100% procedente de energía renovable, con la ayuda de los fondos europeos.